Con el fin de adaptar la normativa española a las exigencias derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior el Gobierno (en la sesión del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018) ha dado impulso a la tramitación del Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
El Anteproyecto que, según se ha anunciado, se tramitará mediante el procedimiento de urgencia, irá destinado a regular dos cuestiones fundamentales relacionadas con el ejercicio conjunto de la abogacía y la procura en las sociedades profesionales, por un lado y, por otro, con el acceso a dichas profesiones. Asimismo, esta nueva regulación se propone, igualmente, clarificar el régimen arancelario de los procuradores.
Respecto del ejercicio profesional de la abogacía y la procura, el objetivo fundamental es permitir su desarrollo conjunto en las sociedades profesionales permitiendo que ambos tipos de profesionales puedan integrarse en una misma entidad. La independencia e imparcialidad en la profesión quedará garantizada impidiendo que un mismo profesional pueda desempeñar conjuntamente ambas funciones. Abogados y procuradores, aunque integrados, pues, en una misma sociedad profesional conservarán de forma independiente sus competencias, obligaciones y responsabilidades.
Respecto del acceso a estas profesiones, el Gobierno anuncia que se establecerá un sistema de acceso único y común para ambas. Es de esperar, pues, la introducción de ciertos cambios en el sistema actual realización de un máster profesionalizante tras la obtención del grado y posterior examen nacional de acceso a la profesión que, actualmente, es diferente para la abogacía y la procura.
Para la tramitación de este Proyecto el Gobierno anuncia que junto a los informes preceptivos de los Órganos Constitucionales se solicitará informe también al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de la Abogacía Española.