La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) incorpora, entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal, la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce en la actualidad con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos.
“La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables,” ha afirmado el Gobierno.
Esto significa trocear las macrocausas para instruir una por delito. De esta manera, se pretende resolver las dificultades que presentan procesos tipo Malaya, Gürtel, Palma Arena y ERE de Andalucía, que exigen de la Administración de Justicia gran dedicación por el volumen de hechos a investigar y el número de personas involucradas.
Para la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Pía Calderón Cuadrado, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, la reforma no es suficiente. “Acierta en el momento ha dejado de exigir la acumulación de determinados delitos, fundamentalmente en los conexos, pero faltaría tomar alguna medida adicional que, quizá, no se ha llevado a la práctica por ser una reforma parcial.”